La llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, de la ministra Norma Piña ha traído consigo una serie de resolutivos que poco o nada tienen que ver con el espíritu de justicia que debería contener, en esencia, el desempeño de todo el Poder Judicial.
A tan sólo un mes de su toma de cargo, el Poder Judicial se ha asumido, de manera indecorosa, como defensor de oficio de delincuentes que escandalosamente han sido exhibidos por sus acciones corruptas.
Los casos de Cabeza de Vaca, Rosario Robles, Cárdenas Palomino y García Luna dejan ver que el Poder Judicial actúa bajo la consigna de preservar a los representantes de los grupos mafiosos que en el pasado inmediato dirigieron el gobierno de nuestra Nación. Sólo queda por aclarar si actúan por convicción ideológica o por contrato expedito que les acreciente su riqueza.
Su última sentencia, la que tiene que ver con suspender indefinidamente las reformas al INE por parte del juez Javier Laynez, para proteger a la burocracia dorada enquistada en ese instituto, profundiza su actuar retrógrada y muestra claramente la decisión que han tomado de asumirse como parte activa del frente opositor, contrario al proyecto democrático de la Cuarta Transformación.
El Poder Judicial no puede, bajo ninguna circunstancia, desempeñar un papel político que ataque las directrices de quien conduce los destinos de la Nación, por mandato popular, expresado en las urnas. El Poder Judicial se exhibe como una junta de mercenarios con toga al servicio de los poderes fácticos que en su momento destruyeron el tejido social de nuestra sociedad, organizaron un narco-estado y saquearon los bienes públicos.
Por todo ello, demandamos la urgente necesidad de llevar a cabo una profunda reforma al Poder Judicial que permita eliminar las rémoras neoliberales pues, a sabiendas de su incapacidad para ganar algún proceso democrático de elección, montan toda clase de acciones que obstaculicen el avance transformador para preservar sus intereses y proteger a los suyos. Los jueces deben ser electos por el voto popular para garantizar que sean dignos representantes del pueblo en el ejercicio de la justicia, y no farsantes y charlatanes que se valen del espacio para realizar actividades de orden mercantil.
La Unidad de las Izquierdas asume el compromiso de desplegar todas sus fuerzas para desarrollar una campaña de concientización que desenmascare, ante el pueblo, la perversión asumida por los jueces. En redes sociales y a través de mensajes de denuncia y explicativos; con videos cortos, volantes y mítines en plazas públicas. Solicitaremos que las bancadas legislativas en cada Estado de la República se pronuncien contra el desacato en el que incurre el Poder Judicial, al no respetar el mandato de las urnas, y lo llame al respeto de la Constitución.
El pueblo debe movilizarse ante las acciones concertadas por la derecha.
Unidad de las izquierdas