En la práctica la CUARTA TRANSFORMACIÓN de la vida nacional ha consistido en una serie de cambios profundos en el quehacer político, en la estructura jurídica del Estado, en el uso del presupuesto federal para redistribuir el ingreso, haciendo llegar recursos económicos a la población más empobrecida por el neoliberalismo que nos asoló durante décadas y el uso de las herramientas económicas del gobierno para mejorar la calidad y nivel de vida de las personas más pobres del país.
En otras palabras, la 4ta Transformación viene creando una nueva versión de Estado de Bienestar para hacer justicia entregando recursos del gobierno federal a sectores antes marginados. Estado de Bienestar implica economía mixta, es decir, producción y mercados privados conviviendo con empresas e instituciones del Estado que dan servicios a la población, producen y participan en el mercado. El estado de Bienestar financia con los impuestos recaudados las jubilaciones, las pensiones y los servicios sociales como salud, educación, vivienda y los beneficios económicos directos a los ciudadanos, conocidos como programas sociales.
Los éxitos de las políticas sociales de la 4T, como lograr que 10 millones de mexicanos superaran la línea de pobreza, que 70% de las familias reciban algún apoyo económico o programa social, la reactivación económica y del mercado, los incrementos al salario mínimo, etc. y las grandes obras de infraestructura hechas por el gobierno y empresas, que generan empleos, ganancias a los capitales y ahorros y prestigio al gobierno. Todos en conjunto serán el punto de partida para que el pueblo demande profundizar y generalizar los cambios en beneficio de toda la sociedad. Este es el carácter potencialmente revolucionario del Estado de Bienestar porque no solo mejora la calidad de vida de la sociedad en general, sino que empodera al pueblo y le da energía y claridad política para demandar mejoras y la orientación de esas mejoras.
La redistribución del ingreso y la justicia social se han financiado reduciendo la corrupción, rescatando a Pemex y al sector energético, mejorando la administración pública, reasignando parte del presupuesto e incrementando el salario mínimo, casi todo a cargo de los recursos que el gobierno federal obtiene de los impuestos, ventas y pagos de derechos. Por ello, a pesar de que las derechas y algunos grupos empresariales rechazan las políticas económicas y sociales de la 4T, la gran mayoría de los empresarios y sectores de clase media no se han hecho eco de sus llamados a destruir a la 4T u oponerse a dichas políticas.
La cuarta transformación y sus políticas redistributivas no le han costado a los empresarios ni a los ricos porque sus ganancias no se han visto comprometidas ni han tenido que pagar más impuestos. Incluso se han visto beneficiados con la reducción de la corrupción en la administración pública, la reactivación económica y el incremento del consumo.
Pero el rezago salarial y la injusticia en la distribución de las riquezas que generamos entre todos los mexicanos, que nos dejaron cuatro décadas de neoliberalismo, son tan profundas y extendidas que los cuantiosos incrementos al salario mínimo, la reactivación económica y los programas sociales no serán suficientes para resolver el problema a cabalidad.
Es pertinente reconocer explícitamente que este conjunto de políticas sociales no pretende resolver del todo el problema de la injusticia, solo iniciar la tarea y sentar las bases para contar con recursos económicos y fuerza social suficientes para hacerlo.
Paradójicamente, en la medida que la 4T sea más exitosa la necesidad de recursos para fortalecer, ampliar y diversificar los programas sociales crecerá. Cada año mejoran un poco su condición de vida más familias al tiempo que la población crece. No es lo mismo reducir la miseria y sacar de la pobreza a muchos mexicanos que lograr prosperidad de todos o al menos de la mayoría.
Las personas que han mejorado su nivel de vida o que han dejado la pobreza desean, legítimamente, seguir mejorando y prosperar, y el gobierno deberá permitírselos y apoyarlos al mismo tiempo que continúa con su labor de ayudar a los más pobres y sacar de la pobreza a cada vez más familias.
Para cada familia y para cada persona, una vez resueltas las necesidades más apremiantes: alimentación, salud, trabajo, vivienda; la importancia y, en consecuencia, la demanda de otros satisfactores menos esenciales crecerá y habrá que cumplirla o la gente escuchará a quien les prometa darles lo que desean o necesitan, aunque lo hagan en plan demagógico.
Generar la riqueza necesaria para que todos los mexicanos tengan una vida digna no es tarea del Estado sino de toda la sociedad. Pero promover y hasta forzar la más justa distribución de la riqueza sí es tarea del Estado. Para redistribuir la riqueza primero es necesario generarla.
Hasta ahora, el límite para la redistribución de la riqueza es la capacidad económica del gobierno, dependiente de los impuestos. Pero incrementar la carga tributaria es un golpe directo a los intereses y ganancias de los empresarios y no les gustará. De manera que este esfuerzo debe ser discreto y moderado a menos que estemos dispuestos y contemos con la fuerza social y política suficiente para resistir una fuerte protesta y el financiamiento de levantamientos contra el gobierno.
Otra alternativa para mejorar el nivel de vida de la población es el incremento de salarios mínimos y contractuales, pero también golpea el corazón de las ganancias empresariales. Si se les presiona mucho, obligándolos a reducir sus ganancias al incrementar los salarios, los empresarios causarán inflación, escasez artificial de productos, paros patronales, inestabilidad y hasta promoverán protestas y levantamientos.
En consecuencia, es necesario generar nuevas riquezas sin depender de los empresarios ni del gobierno. Estas riquezas, que se agregarán a las actualmente generadas, serán más susceptibles de ser socializadas tanto por vía directa como mediante ingresos del gobierno.
La idea es crear un programa del gobierno federal y los de los estados que aporte recursos para la creación de empresas en sociedad trabajadores-gobierno; el gobierno pone el capital y los trabajadores la mano de obra y el conocimiento; las ganancias se reparten y la empresa es propiedad de los trabajadores, del gobierno estatal y del gobierno federal.
Un programa como este permitiría socializar la propiedad además de redistribuir el ingreso y la riqueza. Dotar a los trabajadores de propiedad sobre medios de producción los fortalecerá e impedirá que administraciones posteriores o desventuras económicas los despojen nuevamente. Al mismo tiempo les dará fuerza y motivos para defender el nuevo estado de cosas.
Pera redistribuir el ingreso y socializar la propiedad hoy tenemos como límite no afectar la ganancia empresarial o sus propiedades porque hay que garantizar la paz y respetar las reglas del capitalismo, así nos lo impone la correlación de fuerzas políticas y económicas a nivel nacional y mundial.
Por tanto, hay que buscar la manera de generar más riqueza, además de la que reúne o genera el Estado y la que extraen a los trabajadores las empresas privadas.
Para generar valor hay que crear empresas en los tres sectores de la economía, pero sobre todo en el secundario, es decir, el industrial, para corregir la deformación de la economía inducida por el patológico protagonismo del sector financiero. Empresas que atiendan problemas o necesidades regionales, municipales o estatales.
Es menester crear empresas: de producción de alimentos (vegetales y animales); para sustitución de importaciones; de investigación científica (farmacéutica, productos biológicos, biotecnología, etc.) y recuperación ambiental (minería de la basura, recuperación de bosques y selvas, saneamientos de ríos, cuidado de jardines y arbolado urbano, etc.); de generación de software e IA; de tecnologías digitales; de robótica; de comunicaciones y prestación de servicios vía internet; de recuperación y saneamiento del espacio urbano; de reconstrucción de la vida comunitaria (orientación y apoyo contra adicciones, violencia intrafamiliar, ayuda psicológica, terapia ocupacional, inversión del tiempo libre, atención a adultos mayores, etc.) en sociedad trabajadores-estado (municipio-estado-federación). Con la meta de generar un “ecosistema” económico-social-tecnológico que nos permita ser autosuficientes y autónomos para desarrollar nuestro país sobre la base del consumo interno, complementado con la exportación de bienes y servicios.
Promover la asociación de los trabajadores con los tres niveles del estado, además de dotarlos de propiedades, propiciará una vigilancia multilateral que podría complementarse con auditorías ciudadanas. La prioridad deberá ser la calidad de los servicios y productos ofertados y la generación de empleos de calidad en cada municipio, que ayuden a sanear el ambiente social, a arraigar a la población y a generar autosuficiencia y soberanía local. Estas empresas municipales o regionales deberán sustituir progresivamente a las grandes empresas industrializadoras de la producción de alimentos, que son altamente contaminantes y factor de concentración del ingreso.
Transformar la ganadería y, en general, la producción de alimentos de origen animal para hacerlas menos contaminantes, para evitar hacinamiento de animales, contaminación biológica, reducción de la biodiversidad y la crueldad. Deberán ser granjas más pequeñas de producción diversificada y gestionadas a nivel local, con criterios de coordinación regionales, estatales y, en su caso, nacionales.
Una meta de mediano plazo debería ser atender de manera local (de preferencia a nivel municipal) la producción de alimentos, el reciclamiento de desechos y la elaboración de diversas manufacturas y tecnologías, procurando la autosuficiencia y autonomía de cada región con base en la socialización de la producción y de la propiedad.
Resolvamos mandatar a la Comisión Coordinadora Nacional de la UI dar a conocer esta iniciativa y solicitar al Gobierno Federal, a los de los Estados y al Congreso de la Unión y a los de los Estados, la creación de un programa para establecer empresas productivas de las que sean socios trabajadores y el gobierno (federal, estatal y municipal).
Ciudad de México 18 de enero de 2025